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Ratificación de la Inhabilitación a Martín Vizcarra: Implicaciones Jurídicas y Políticas

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, sigue bajo la sombra de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años. Esta situación fue confirmada por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, que, en una votación mayoritaria, rechazó la demanda de amparo interpuesta por el exmandatario, quien buscaba anular dicha sanción.

La inhabilitación de Vizcarra se remonta al polémico episodio del "Vacunagate" durante la pandemia de 2020, donde se descubrió que el entonces presidente se había vacunado de manera irregular. El Congreso de la República actuó con rapidez, inhabilitándolo para ocupar cualquier cargo público durante dos periodos electorales, una sanción que ha levantado tanto aplausos como críticas.

Vizcarra, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. En su apelación, argumentó que la sanción era injusta y que no se respetó su derecho a una debida motivación en las resoluciones judiciales. En su defensa, sostuvo que el proceso había sido más político que legal, y que se habían pasado por alto principios fundamentales del debido proceso.

Pero el colegiado de la sala constitucional tuvo la última palabra en esta instancia. Concluyeron que el Congreso actuó dentro del marco de la ley y que no se vulneraron los derechos constitucionales de Vizcarra. La ratificación de la decisión de primera instancia fue contundente, dejando claro que la inhabilitación sigue firme.

Este fallo cierra una puerta en el ámbito judicial para Vizcarra, pero abre otra: la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Y el exgobernador regional no parece dispuesto a rendirse. A través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Vizcarra expresó su confianza en que las inhabilitaciones serán levantadas:

Por fin, luego de tres años de paciente espera, el PJ termina el proceso. Ahora le toca al TC y, por último, el pronunciamiento de la CIDH. Las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia, y podré postular el 2026, no tengan la menor duda.

Estas declaraciones sugieren que Vizcarra está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si es necesario. Su objetivo es claro: recuperar su derecho a postularse en los comicios de 2026.

En un país donde la política y el derecho a menudo se entrelazan en formas inesperadas, el caso de Vizcarra sigue capturando la atención pública. ¿Será este el último capítulo en la saga del expresidente, o estamos solo viendo el comienzo de una nueva batalla legal?